Los nueve consejeros
electorales y los alrededor de 10 mil empleados del Instituto
Federal Electoral recibirán un bono equivalente a dos meses de
salario bruto por la carga laboral que enfrentarán con motivo d
e los comicios de este año.
La condición para recibirlo es que los empleados formen parte
del servicio profesional electoral; de la rama administrativa o
bien, del personal auxiliar que presta servicios bajo el régimen
de honorarios, pero permanentes.
El acuerdo aprobado ayer por la Junta General Ejecutiva no
puntualiza la bolsa de recursos que se destinará al pago de la
compensación. Tampoco detalla cuánto recibirá cada consejero.
Según cálculos realizados, el bono electoral que recibirán
consejeros electorales será de alrededor de 400 mil pesos. Sin
embargo, este monto se ajustará para cuidar que no se rebase el
límite permitido por la Ley de Salarios Máximos.
Además de los consejeros electorales, la compensación se
otorgará al secretario Ejecutivo, el Contralor General, los
directores ejecutivos del instituto, especialistas técnicos e
incluso a los asesores de las representaciones de los partidos
políticos que aun cuando son personal de honorarios tienen un
contrato permanente con el IFE.
La primera parte se entregará en abril y corresponderá a octubre
y febrero; la segunda, se depositará en julio y comprenderá el
trabajo realizado de marzo y hasta mediados de año.
En año electoral todos los días son considerados hábiles y la
razón de ser de la compensación -que el IFE otorga siempre que
hay elección federal- es que resulta más barato pagar una cifra
previamente definida que pagar horas extras al personal.
De hecho, la compensación está prevista en el artículo 207 del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
Sin embargo, dicho artículo sólo contempla a los miembros del
servicio profesional y no estable un monto por labor
extraordinaria, sólo indica que será de acuerdo con el
presupuesto establecido.
Regresan fondo
La Junta General Ejecutiva también aprobó reintegrar a la
Tesorería de la Federación los 348 mdp con los que constituyó el
fondo inmobiliario. Lo anterior, en respuesta a conclusiones de
la Auditoría Superior de la Federación, que consideró que el
fondo había sido indebidamente constituido con ahorros del IFE,
en violación a la normatividad presupuestal.
